Indígenas en México son víctimas de violencia y discriminados, denuncia ONU

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Victoria Tauli-Corpuz, relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aseguró que se mantiene la discriminación e invisibilidad de las comunidades en México, quienes sufren despojo y desplazamiento de su territorio por los megaproyectos y el crimen organizado, poca o nula participación política, reclutamiento de niños indígenas a las organizaciones delincuenciales entre otros problemas.

La relatora señaló que es necesario y urgente que el gobierno de México impulse la inclusión y el diálogo con los pueblos indígenas para terminar con el “serio patrón” de abusos de derechos humanos.

Durante la visita oficial realizada del 8 al 16 de noviembre la representante de la ONU se reunió con más de 300 personas de 23 grupos indígenas, la mitad de las cuales son mujeres, provenientes de 18 estados de la república, además se encontró con representantes de los gobiernos de Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Ciudad de México; sin embargo no pudo concretarse encuentros con senadores, diputados o representantes de partidos políticos.

En el tema de “Tierras, territorios y recursos naturales” la relatora conoció que cuando las comunidades intentan obtener el reconocimiento en sus tierras obtienen resultados limitados. Respecto a la Autonomía, libre determinación y participación política, recibió información de que “los pueblos indígenas están desarrollando y fortaleciendo sus propios sistemas de autonomía y autogobierno y estas iniciativas deberían gozar de un reconocimiento mayor e incluso ser incorporadas a la estructura política general del país.

Uno de los temas que han llamado la atención de la representante de Naciones Unidas ha sido el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas en el territorio mexicano a causa de la resistencia a los megaproyectos que son instalados en sus comunidades y no les son consultados y a las organizaciones delincuenciales que tienen interés en tomar sus tierras.

De acuerdo a cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta el 2023 había en México unas 2 mil 600 concesiones mineras instaladas en tierras indígenas sin su consentimiento; además que el 35% del territorio nacional se veía afectado

Por 29 mil concesiones mineras, hidroeléctricas y de energía eólica el 17% de territorios indígenas.

En el apartado referente a Violencia, impunidad y acceso a la justicia: dijo que la impunidad en el país alcanza cifras del 98-99% que aumenta el sufrimiento de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, por ello se hizo un llamado para garantizar que el ejercicio por parte de los pueblos indígenas de sus sistemas de justicia no terminen en criminalización.

Tauli-Corpuz recibió además informes de casos de extrema violencia contra los pueblos indígenas que incluyen alegaciones de masacres, asesinatos, desapariciones forzosas, violaciones, torturas y desplazamientos forzados que se atribuyen a individuos, crimen organizado, grupos paramilitares, oficiales de la Ley y militares.

También se analizaron los derechos económicos, sociales y culturales en donde se habla de una brecha de pobreza y marginalización, falta de acceso a la educación y violaciones  a su derecho a la salud.

Se dijo “realmente preocupada por la situación de niños y jóvenes indígenas que viven en pobreza extrema, violencia e impunidad “en algunos de los estados visitados recibí quejas vinculadas al reclutamiento forzoso de niños y jóvenes por parte del crimen organizado. Dada la falta de fuerzas de la Ley y de otras instituciones del Estado en comunidades indígenas remotas, en zonas afectadas por el crimen organizado y la producción y tráfico de drogas, la única elección que les queda a los jóvenes es unirse a estos grupos o ser torturados, desaparecidos o asesinados”.

Finalmente en su conclusión pide al gobierno de México reconocer su responsabilidad en los problemas evidenciados y adoptar medidas para probar un verdadero compromiso para cumplir con los derechos de los pueblos indígenas; además aprovechó para ofrecer ayuda técnica al gobierno para conseguir los objetivos de diálogo, inclusión y respeto a estás comunidades.

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